CASAS Demandan pagos por declaración utilidad pública
Propietarios de negocios y viviendas ubicadas en la manzana 192 de la calle 30 de Marzo, detrás del Palacio Nacional, reclamaron a las autoridades el pago justo por el valor de sus inmuebles o que deroguen el decreto que las declara de utilidad pública, ya que no les permite remodelar, vender o alquilar.
Publicado: 01/05/2014
<p>Propietarios de negocios y viviendas ubicadas en la manzana 192 de la calle 30 de Marzo, detrás del Palacio Nacional, reclamaron a las autoridades el pago justo por el valor de sus inmuebles o que deroguen el decreto que las declara de utilidad pública, ya que no les permite remodelar, vender o alquilar.</p>
<p>Explicaron que desde la declaración de las viviendas como utilidad pública en el segundo gobierno de Leonel Fernández, mediante el decreto número 565-06 del 21 de noviembre del 2006, ellos no han recibido el dinero que les corresponde y tampoco han podido reconstruir.</p>
<p>Juan Bautista Pérez, propietario de la empresa Alarma AAA, dijo que desde hace ocho años están a la espera de que se les pague y que tienen las manos atadas a pesar de ser dueños.</p>
<p>Entre ocho a diez propiedades han sido declaradas de utilidad pública.</p>
<p>Expresó su incomodidad por no poder expandir su negocio de más de 25 años y que el Estado dijo que le pagaría 23 millones 500 mil pesos, al tener prohibido construir o remodelar.</p>
<p>“Si no pueden pagar, si no tienen condiciones para pagar, que es verdad que aquí hay muchas necesidades y hay que hacer otras cosas primero, entonces que deroguen el decreto; si no hay forma de poder hacer el proyecto que tienen hace ocho años, que deroguen el decreto y dejen trabajar a uno”, expresó.</p>
<p>Asimismo, la señora Laudomina Mercedes, propietaria de una vivienda, pidió al Estado el pago de su casa, valorada en más de 10 millones de pesos, la cual está deteriorada por no poder intervenirla.</p>
<p>Los inmuebles ubicados detrás del Palacio Nacional muestran descuido y abandono, por el tiempo en que no son restauradas ni pintadas. Algunos inquilinos que viven allí hace mas de 30 años alegan que ese proyecto no tiene dos años, ya que data del gobierno de Joaquín Balaguer y que no fue hasta el segundo mandato de Fernández cuando se emitió el decreto. </p>