Por José Espinal
Publicado: 03/03/2026
Santo Domingo. Diversas voces de la sociedad civil dominicana reclamaron una investigación transparente y exhaustiva tras la decisión de la Embajada de Estados Unidos de inhabilitar temporalmente la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la capital del país, medida adoptada en el contexto de un presunto caso de corrupción vinculado a uno de sus supervisores.
Fray Arístides Jiménez Richardson,
Fray Arístides Jiménez Richardson,
El coordinador de la Pastoral Penitenciaria Nacional, Fray Arístides Jiménez Richardson, consideró que, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que ningún funcionario dominicano está implicado en los hechos señalados, corresponde al Estado realizar sus propias indagatorias.
“Si el cierre ha tenido lugar en territorio dominicano, nuestras instituciones deben investigar”, expresó el religioso, tras participar en un encuentro celebrado en la Ciudad Judicial. A su juicio, una medida de tal magnitud “enciende una alerta” y exige respuestas claras para preservar la confianza pública.
La inhabilitación transitoria fue dispuesta por la embajadora estadounidense Leah Francis Campos, quien reiteró en un mensaje difundido a través de redes oficiales que no tolerará “ni siquiera la percepción de corrupción” dentro de la misión diplomática. Según informaciones difundidas por medios estadounidenses, el supervisor Melitón Cordero fue detenido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusado de presuntos abusos en el programa de visados para informantes confidenciales.
En el ámbito gubernamental dominicano, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, declinó ofrecer declaraciones sobre el tema al ser abordada por periodistas, mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, señaló que corresponde a la Cancillería emitir información oficial al respecto.
Desde la sociedad civil, la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, advirtió que la suspensión de las operaciones de la DEA no puede ser vista con indiferencia, dada la relevancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La dirigente manifestó preocupación por el impacto que la medida pueda tener en la confianza institucional y subrayó la necesidad de descartar cualquier posible red de corrupción que comprometa la credibilidad alcanzada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Las reacciones confluyen en un punto común: la importancia de que las autoridades nacionales actúen con celeridad y transparencia, a fin de esclarecer los hechos y garantizar la continuidad de la cooperación internacional en materia de seguridad, preservando al mismo tiempo la soberanía institucional y la tranquilidad de la ciudadanía.