"Oigo a los legisladores, dizque 'preservar la vida' ¿La vida de mi hija dónde está?"

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) podría ordenar al Estado dominicano despenalizar el aborto, por lo menos en casos como los de "Esperancita". El médico que representó a Salud Pública en el seguimiento de este caso ahora confirma que no haber inducido un aborto fue clave en agravar la condición médica de la paciente.

Publicado: 08/10/2020

"Oigo a los legisladores, dizque 'preservar la vida' ¿La vida de mi hija dónde está?"

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ahora, con la calma que da el tiempo, se vuelve la vista a los detalles de la muerte de Rosaura Almonte (1996-2012), sin el foco de las cámaras, sin banderas feministas ni las voces religiosas de aquellos días. Ocho años después de aquella pérdida, el ginecólogo José De Lancer Despradel cuenta los errores médicos que se cometieron en torno a la adolescente de 16 años, ahora emblema de la lucha por la despenalización del aborto en condiciones excepcionales, en República Dominicana.

Justo hoy martes, la explanada del Congreso Nacional será escenario de una nueva protesta, de las tantas más a favor del aborto en condiciones excepcionales, como ocurrió con Esperancita en julio del 2012. La campana en contra del aborto, que está en oración, podría también aparecer hoy en el mismo lugar, como lo ha venido haciendo desde 23 de septiembre, como parte de su campaña “40 Días por la Vida”.

“No te puedo decir si 'Esperancita' hubiera sobrevivido a la leucemia. Lo que yo sí sé es que no le dimos la oportunidad…”, arranca el médico al recordar el caso emblema. “Creo que fallamos como Estado, como país”. La reflexión que hace De Lancer es de relativa importancia, pues para cuando explotó el caso en julio del 2012, era la cabeza de la Dirección General Materno Infantil y Adolescente del Ministerio de Salud Pública, básicamente quien representó la visión del mismo Estado en esta travesía.

“Esperancita”, como le bautizaron en los medios de comunicación por tratarse de una menor, fue ingresada en el Hospital Docente Semma Santo Domingo en 2 de julio del 2012 por fiebres muy altas. Ese mismo día, supo que su vientre guardaba una criatura de poco más de un mes. Pero no supo de inmediato que la razón de las fiebres y los moretones que comenzaban a brotar de su cuerpo se debían a una posible leucemia aguda que la analítica había detectado ese mismo día, según describe la querella por homicidio involuntario que fue depositada en 2013 por su madre, Rosa Hernández, en contra de ocho médicos del Semma en la Fiscalía del Distrito Nacional, querella que reposa sin decisión. Los nombres del equipo médico imputado no se mencionan por petición de los abogados defensores de la madre.

El mismo documento, retrata la travesía de aquella niña con su madre, que comenzó con aquel comentario de la parte médica, cuando sugirió que los moretones en el cuerpo de Rosaura “eran seguramente resultado de golpes por parte de la pareja”.

Apenas dos días después de su ingreso (4 de julio) y de varias pruebas, incluyendo una sonografía que reveló un embarazo de 7.2 semanas, la hematóloga tratante Marisa Santana “recomendó realizar un aborto terapéutico a la paciente”, dice la querella. Pero la decisión fue rechazada al día siguiente en un Comité de Bioética del hospital que concluyó cuatro decisiones: no proceder al aborto terapéutico por estar prohibido en la Constitución en su artículo 37, mejorar la condición hematológica de la paciente, esperar el diagnóstico definitivo de leucemia y esperar también el desenlace natural del embarazo, que en ese momento ya estaba en riesgo.

La doctora Leonarda Tolentino, quien era encargada de Hospitalización del Semma, explica ahora que “en estas reuniones  se define que el aborto no debe realizarse por estar prohibido, pero la ley no prohíbe que se le aplique el tratamiento para su enfermedad. La Sociedad de Hematología, que nos apoyó en ese momento, apoyó también la decisión ya que el aborto probablemente sería espontáneo tan pronto se le iniciara la quimioterapia”.

Rosa Hernández dice hoy que esas decisiones fueron sentencia de muerte para su hija: “Ellos se enfocaron todo el tiempo en el embarazo de un mes, y mi hija nada, y los medicamentos: suero y acetaminofén”.

El funcionario José De Lancer Despradel aparece en la escena médica el día 17 de julio, 15 días después de la hospitalización. Según De Lancer, en el momento que conoció a la adolescente y su madre se plantó para que la parte médica procediera a terminar con el embarazo e iniciar la quimioterapia y cuenta que hizo una consulta con el entonces ministro de Salud Pública (Bautista Rojas Gómez), en el mismo hospital, al lado de la paciente. “Bauta me dijo ‘Oye, eso es sencillo. Coge una ambulancia, saca esa niña de ahí y tráela a un hospital de Salud Pública, que hay hematólogos y ginecólogos. Hacemos lo que haya que hacer’”, es decir, ejecutar el aborto.

¿Por qué no ocurrió? De Lancer se encontró, lo dice con lamento, con una paciente y una madre llena de confusiones, sin informaciones. Todavía en ese momento, el diagnóstico definitivo de la leucemia linfoblástica aguda no había llegado desde el laboratorio estadounidense y también ese mismo día, los médicos tratantes entonces accedieron a ser más violentos con la leucemia. “En ese hospital, dice De Lancer, lo que le explicaron los hematólogos (a madre e hija) es que, efectivamente había una leucemia, pero que había un embarazo y que ellos (los médicos) ¡Vaya! ¡Que lo que manda el protocolo es a dar quimioterapia frente a una leucemia de este tipo! Pero que ellos, los médicos, no se atrevían o estaban imposibilitados, tenían temor porque no había la posibilidad legal…”.