Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recién dio a conocer su informe sobre la Calidad de la Democracia en la República Dominicana. El momento no pudo ser más oportuno pues, precisamente, las últimas manifestaciones de intolerancia política del partido gobernante no dejan dudas de la naturaleza del régimen vigente en el país.
El informe se estructura en seis dimensiones de análisis: i) derechos políticos y el sistema electoral; ii) derechos fundamentales; iii) Estado de derecho; iv) calidad de la gestión pública; v) calidad de vida y equidad social y económica y vi) cultura política democrática. Éstas a su vez en 23 componentes, desagregados en un total de 108 indicadores.
Me detengo de modo particular en dos de las dimensiones analizadas.
En la dimensión de Derechos Políticos y el Sistema Electoral, entre los 24 países de América Latina y el Caribe, la República Dominicana se ubica en el lugar número 20. El informe especifica que los indicadores con peores resultados son la falta de autonomía del órgano electoral, la compra de votos y otras irregularidades en el proceso electoral; la censura y autocensura de los medios de comunicación en temas políticos (sobre todo en lo relativo a corrupción), el origen del financiamiento privado de las campañas políticas, y, concretamente, electorales; la prevalencia de vínculos clientelistas entre los partidos y sus bases y la falta de diversidad e inclusión, especialmente de mujeres, en puestos directivos de los partidos.
En la dimensión Estado de Derecho el informe establece la gran debilidad institucional del país y el estancamiento de las reformas institucionales acometidas. Especifica que en esta dimensión el país está entre los últimos lugares de América Latina y el Caribe, señalando que igual ocurre al compararlo con otros 35 países de ingreso medio alto a nivel mundial.
Asimismo resalta el amplio margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, lo que afecta negativamente el imperio de la Ley y el respeto de los derechos fundamentales. Esta circunstancia se refleja en niveles de desconfianza ciudadana en instituciones como el Poder Judicial, el Congreso Nacional y la Policía Nacional. Destaca que el país se encuentra entre los 40 más inseguros a nivel mundial.
Llaman la atención algunas de las conclusiones generales que pueden extraerse del informe, a partir de los datos analizados.
Una primera se refiere a que de los 108 indicadores medidos relativos a la calidad de la democracia, el país presenta el balance siguiente: satisfactorios en 21, lo que representa el 20%; en situación aceptable 35, para un 32% y, una situación deficitaria, en 52, lo que representa el 48%.
Una segunda es que la RD presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes legislativo y judicial sobre el ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público.
Una tercera establece que un balance tan deficitario de la calidad democrática en la RD, donde apenas un 20% de los indicadores considerados exhiben puntuaciones satisfactorias, sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales, de origen interno o externo.
Una cuarta se refiere a que los déficits democráticos que presenta la República Dominicana no son coyunturales sino estructurales. Esto es, especifica el informe, afectan a los pilares de la institucionalidad y tienen efectos sobre la relación de la ciudadanía con el poder y de la ciudadanía para consigo misma, así como sobre las dinámicas de poder entre las tres ramas vertebradoras del Estado.
Una quinta plantea que para superar esta realidad es necesario diseñar y ejecutar políticas públicas basadas en la planificación e impulsar las pertinentes reformas normativas.
Una sexta expresa que para cambiar esta realidad es indispensable una voluntad de cambio en particular de las elites políticas, económicas y sociales, realidad que no se percibe ahora.
Una séptima se refiere a que la globalización acelerada a partir de la década de 1980, potenció e internacionalizó fenómenos desestabilizadores, con capacidad de sacudir los cimientos de instituciones y costumbres, gobiernos y sociedades, agregando el informe que los riesgos que enfrentan los países frente a estas amenazas de orden global supondrían una pérdida del control nacional y democrático de los procesos políticos internos, la administración de justicia, la paz y estabilidad sociales. “Hasta donde se puede apreciar, estas amenazas solo pueden conjurarse, si acaso, promoviendo intervenciones que fortalezcan la democracia en todas sus dimensiones.”
El informe del PNUD nos presenta una radiografía muy cruda de la baja calidad de la democracia dominicana. Su trascendencia está en organizar muchas de las referencias parciales existentes sobre el tema y haber documentado, comparado y presentado de forma integral un Estado de situación actualizado.
Es claro que no llegamos al punto en que nos encontramos por azar. De cómo arribamos a esta caricatura trágica de democracia nos ocuparemos en el próximo artículo.
