SANTO DOMINGO.- La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), advirtió este domingo al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a tener cuidado a la hora de acceder al pedimento hecho por distribuidores y transportistas de combustibles de que les aumenten los comisiones por distribución y transporte.
Mediante una nota de prensa enviada a El Nuevo Diario señalaron que en la actualidad más del 80% de ese negocio lo operan las mismas empresas, lo que implica que cobran ambas comisiones, tanto la de distribución como la de transporte.
FUNDECOM entiende que esa realidad determina que ese mercado se está operando con forma monopólica u oliglopólica, lo que ha llevado a la quiebra a diversas empresas del área de transporte y que se les pague a los choferes no en base a los RD$5.68 por galón que se establece en la cartelera que publica cada semana el MICM, sino que los transportistas se quedan con una parte de ese monto y solo pagan a los choferes montos relacionados con tarifas superadas hace tiempo.
“Lo que determina que esas empresas no se conforman con tener el control de las dos comisiones, sino que además se quedan con una parte que corresponde a los choferes”, señala el documento.
En ese sentido la organización de defensa de los derechos de consumidores y usuarios propone que el MICM aplique en forma debida la fórmula de cálculo establecida en la ley 112-00 de hidrocarburos, lo que implicará una reducción automática en los precios de los diversos tipos de combustibles de entre un 20 y un 25 por ciento, porque manda a fijar los precios a partir del precio real de compra más la tasa de cambio.
FUNDECOM concluyó señalando que en la actualidad se aplica la fórmula prevista en el reglamento 308-01, de fecha 2 de marzo de 2001, que parte del precio de paridad de importación del petróleo intermedio del oeste de Texas, que es un precio de referencia, no real y que por tanto constituye un engaño al consumidor, al que le agregan unos doce renglones más, incluyendo financiamiento a los partidos políticos y el llamado GAL (Gastos de Administración de la Ley).
