Santo Domingo. El acuerdo de lenidad firmado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, fue homologado ayer por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo.
El juez autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) aplicar el criterio de oportunidad para la empresa que admitió haber pagado unos US$92 millones para ser favorecida con obras del Estado en función de que esta se comprometió a identificar a los funcionarios sobornados en el país, así como a los coautores o cómplices.
El órgano investigador explicó en la solicitud de homologación que la acción penal a perseguir reviste mayor relevancia y gravedad que la que se prescinde en cuanto a Odebrecht, ya que la única sanción aplicable a personas jurídicas imputadas de soborno es una multa de hasta el duplo del soborno, sanción que es menor que la que corresponderá a los funcionarios sobornados y sus cómplices.
Sostuvo, además, que el soborno transnacional generalmente supone un concierto fraudulento de agentes que tipifican la asociación de Malhechores y el lavado de activos, las cuales son de mayor relevancia jurídica, mayor gravedad social y penológica.
La constructora se comprometió a identificar las obras que le fueron adjudicadas mediante soborno; identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos; indicar los montos de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado (cuentas bancarias, registros contables, entre otros).
También a prestar declaraciones en el marco de las solicitudes de cooperación internacional y comisiones rogatorias realizadas por el Ministerio Público, aportar al MP todas las aclaraciones y/o precisiones, documentos, testimonios y cualquier otro medio de prueba relacionadas al pago de más de US$92 millones entre 2001 y 2014.
Asimismo, Odebrecht deberá resarcir los daños materiales y morales causados a la República Dominicana a través del pago de US$184 millones hasta el año 2025; suministrar cualquier otro hecho relevante, evidencia o información que sea de su conocimiento relacionado con los hechos admitidos.
Además tendrá que suministrar el acuerdo firmado con el Ministerio Público de Brasil en lo relativo a Dominicana así como el Plea Agreement con los Estados Unidos y declaraciones hecha por los ejecutivos /colaboradores bajo los acuerdos de colaboración individuales con sus respectivos datos de corroboración.
El procurador Jean Alain Rodríguez dijo ayer que aunque el acuerdo establece un máximo de 60 días después de la homologación, a más tardar el 19 de mayo tendrán los nombres de los sobornados.
Ángel Rondón será procesado
La Procuraduría dejó claramente establecido en el acuerdo firmado con Odebrecht, que no prescinde de perseguir penalmente al enlace comercial de la constructora en el país. Dijo que la prescindencia de las acciones penales y aplicación de una solución alternativa del conflicto, no aplica ni beneficiará de manera alguna a otras sociedades, funcionarios públicos, “ni el señor Ángel Rondón Rijo, cualquiera que sea la calidad que ostente respecto de Odebrecht”.
