SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) criticó que desde el Gobierno Central se hagan modificaciones al presupuesto de otro poder del Estado e instó al Consejo del Poder Judicial a pelear su asignación ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según el vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, el Poder Ejecutivo no tiene potestad para modificar la planificación de presupuesto que ha realizado la justicia y que en última instancia quien puede hacer cambios es el Congreso.
Dice que para pelear dicho presupuesto, ni las asociaciones de jueces, ni los fiscales ni los abogados deben hacerlo de manera individual, sino que le corresponde al Consejo del Poder Judicial iniciar el proceso ante el TC.
Castaños Guzmán habló durante el taller “Retos del Sistema de Justicia y Seguridad en el 2017”, en el que la mayoría de los participantes concluyó que la principal meta será lograr la asignación presupuestaria al Poder Judicial.
La Ley 194-04 contempla una partida del 2.66% del Presupuesto General del Estado para el Poder Judicial.
Según ha explicado a la opinión pública el propio Poder Judicial, sometió una asignación de RD$14,329 millones para el año 2017 para cumplir su meta de abrir 98 tribunales creados por ley que no están en funcionamiento por falta de recursos, la gestión de locales propios para 133 Juzgados de Paz que operan en estructuras alquiladas, algunos en casas de madera y con letrina, y hasta en furgones, como el Distrito Judicial de Santo Domingo.
“Nos ha llamado poderosamente la atención el anuncio de que para el Poder Judicial sólo se contempla en su partida presupuestaria del 2017, de RD$800 millones adicionales al Presupuesto vigente del 2016. Es decir, que a los RD$5,606 millones que están en proceso de ejecución este año 2016, sólo se le agregaría la ínfima cantidad de RD$800 millones para el 2017”, expuso el Poder Judicial.
SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) criticó que desde el Gobierno Central se hagan modificaciones al presupuesto de otro poder del Estado e instó al Consejo del Poder Judicial a pelear su asignación ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según el vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, el Poder Ejecutivo no tiene potestad para modificar la planificación de presupuesto que ha realizado la justicia y que en última instancia quien puede hacer cambios es el Congreso.
Dice que para pelear dicho presupuesto, ni las asociaciones de jueces, ni los fiscales ni los abogados deben hacerlo de manera individual, sino que le corresponde al Consejo del Poder Judicial iniciar el proceso ante el TC.
Castaños Guzmán habló durante el taller “Retos del Sistema de Justicia y Seguridad en el 2017”, en el que la mayoría de los participantes concluyó que la principal meta será lograr la asignación presupuestaria al Poder Judicial.
La Ley 194-04 contempla una partida del 2.66% del Presupuesto General del Estado para el Poder Judicial.
Según ha explicado a la opinión pública el propio Poder Judicial, sometió una asignación de RD$14,329 millones para el año 2017 para cumplir su meta de abrir 98 tribunales creados por ley que no están en funcionamiento por falta de recursos, la gestión de locales propios para 133 Juzgados de Paz que operan en estructuras alquiladas, algunos en casas de madera y con letrina, y hasta en furgones, como el Distrito Judicial de Santo Domingo.
“Nos ha llamado poderosamente la atención el anuncio de que para el Poder Judicial sólo se contempla en su partida presupuestaria del 2017, de RD$800 millones adicionales al Presupuesto vigente del 2016. Es decir, que a los RD$5,606 millones que están en proceso de ejecución este año 2016, sólo se le agregaría la ínfima cantidad de RD$800 millones para el 2017”, expuso el Poder Judicial.
